Iguala: crisis de gobernabilidad / Jorge Camacho Peñaloza

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Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.

Antonio Machado

Guerrero atraviesa por la más severa crisis de gobernabilidad, incertidumbre e inseguridad desde 1995 cuando un grupo de policías estatales pagados por la sociedad, que deberían velar por su seguridad, vidas y patrimonio, acribilló a un grupo de campesinos del municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de nuestro estado, como entonces, Guerrero hoy es preso de la ingobernabilidad por cuánto que desde las mismas instituciones que deberían estar encargadas de la protección de los guerrerenses, provienen los ataques a sus hijos, habitantes y a la sociedad.


Hoy tocó a un grupo de enloquecidos y mal logrados policías preventivos municipales de Iguala, en complicidad, al parecer, de no menos enloquecidos integrantes de la delincuencia organizada, quiénes sin la menor responsabilidad pública y política, me refiero a ese grupo de mal logrados servidores públicos, acribillaron a seis guerrerenses en la conocida como la Cuna de la Bandera Nacional, la que por cierto al parecer no cuenta para los responsables de las instituciones públicas en ese municipio.


Apenas estábamos dimensionando la naturaleza de éstos hechos, cuando nuevamente atónitos quedamos ante la grave noticia del artero asesinato de nuestro Secretario General de mi partido en el estado, Braulio Zaragoza, ejecutado el pasado sábado en el puerto de Acapulco, y luego en este mismo se ejecutó a un grupo de cinco jóvenes en una colonia popular.


Como guerrerense, representante popular, legislador y servidor público exijo a los responsables de la procuración e impartición de justicia en el Estado, que se haga la justicia y se aplique la ley, sin embargo, ésta crisis no se va a resolver con pronunciamientos de solidaridad, de condena ni de exigencia de justicia, tenemos y debemos de ir más allá en razón de que éstos hechos no son aislados ni surgidos del comportamiento de un grupo de mal logrados policías municipales que un mal día fueron contratados para un fin muy distinto al que ocasionaron en Iguala el pasado viernes 26 del mes y año en curso.

Estos hechos son más bien una constante, característica, cualidad o rasgo del sistema policial y de seguridad pública que prevalece no sólo en Guerrero sino en todo el país, es decir, que desde el mismo sistema policial se le golpee a la sociedad.


Estos abominables hechos que colocan a Guerrero en la indignación, en la impotencia e incertidumbre, permiten afirmar que la entidad atraviesa por una crisis de gobernabilidad por cuanto que desde las mismas instituciones se agrede a la sociedad.

Y me atrevo a decir que no sólo desde el sistema policial y de seguridad pública sino desde amplios espacios de la función pública, desde los cuales en lugar de proteger los intereses y patrimonio de la sociedad, se llevan a cabo acciones para dañarla, robarle su patrimonio y conculcarle sus derechos políticos, económicos, jurídicos y civiles.






Es por eso que con toda responsabilidad me atrevo a decir que hoy en Guerrero hay una crisis de gobernabilidad, que no precisamente de ingobernabilidad, que no debemos permitir y ante la cual tenemos que actuar.






Ante esta situación la procuración e impartición de justicia deben resolver los agravios particulares, a las familias dolientes, pero de esta crisis de gobernabilidad que afecta a los guerrerenses, deben responder los responsables de la seguridad pública en el estado mediante la rendición de cuentas.






Tenemos que encontrar respuestas al por qué se llegó a esta crisis en el sistema policial y de seguridad pública en Guerrero, por qué hay policías estatales y municipales coludidos con la delincuencia organizada, por qué fueron contratados, con qué criterios se les contrató y dio de alta, a qué intereses particulares responden, por qué no se aplica la normatividad y reglamentación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la contratación policial, cuáles son los verdaderos niveles de capacitación que tienen los policías municipales y estatales, en qué condiciones se encuentra y opera el Mando Único en el estado, en qué situación se encuentra el proceso de certificación policial, qué tanto se ha enseñado a los policías los protocolos del uso de la fuerza, si no se les ha enseñado a qué causas obedece, quiénes son los responsables; qué mecanismos y niveles de supervisión y coordinación hay entre la policía municipal y estatales, qué responsabilidad tienen los mandos estatales y municipales.






Necesitamos responder a éstas y otras tantas preguntas para poder superar esta crisis, por ello es de urgente e inapelable necesidad que los responsables de la seguridad pública en el estado comparezcan ante la soberanía de los guerrerenses a fin de que den cuenta a ella de la situación por la que se ha llegado a que policías disparen a la sociedad.






No podemos permitir que individuos sin capacitación, sin apego a la ley, sin conocimiento de lo que es el servicio público, vestidos como policías, con placas y armas adquiridas con recursos de la sociedad sigan sirviendo a los intereses de la delincuencia organizada, de presidentes municipales al servicio de la misma y disparándole a la sociedad.






Tampoco debemos permitir que esta crisis de gobernabilidad siga teniendo desde las instituciones servidores públicos que la alienten, permitan y toleren, por eso propuse que el Congreso del Estado reconozca la existencia de esta crisis de gobernabilidad y se pronuncie por la presencia de los responsables de la seguridad pública en el estado, a fin de que den cuentas ante esta soberanía y empecemos por encontrar la causas de esta crisis porque sólo así podremos estar en condiciones de encontrar las soluciones.


No podemos seguir tolerando esta crisis que se expresa con la agresión desde las instituciones a la sociedad, tenemos que pararla, propuse que desde el Congreso debe surgir un pronunciamiento defensor de las instituciones de los guerrerenses, implementar y aprobar mecanismos de supervisión, junto con las organizaciones de la sociedad, de la política y acciones en materia de seguridad pública en el estado.






No podemos quedarnos en la condena y la exigencia, estamos frente a una crisis y como tal debemos estar a la altura de los tiempos, so pena de convertirnos cómplices de la misma y sus provocadores, ni tampoco hacer de estos hechos una costumbre entre los guerrerenses, debemos indignarnos y llevar la indignación al límite exigiendo respuestas a quienes las tienen que dar y actuando en consecuencia.






Nunca estaré de acuerdo con el vandalismo y la violencia generada en grupos organizados que se convierten en turba; siempre voy a apoyar la libre manifestación, todos tenemos derecho a expresarnos, es más, me uno al grito desesperado de justicia de los alumnos de Ayotzinapa, de los Avispones, de la sociedad en general, para exigir justicia y que se dé con el paradero de los jóvenes desaparecidos. Soy solidario y me uno a su solicitud para exigir resultados. Que los culpables paguen.






Es difícil hacer política con viejos políticos, es difícil implantar nuevos esquemas de trabajo con viejas prácticas; se requiere de nuevos políticos para implementar políticas modernas y de avanzada. La crisis de gobernabilidad tiene en su origen las viejas prácticas y concepciones de la política por parte de la mayoría de los políticos, mientras haya viejas prácticas, la crisis de gobernabilidad seguirá latente.






Vuela vuela palomita y ve y dile: a todos mis compañeros de diputación que ya es hora de que actuamos más allá de la filiación, defendiendo a Guerrero de quienes sólo lo ven como un botín ante que esto estalle como un polvorín.