Presenta Diputado Taja iniciativa para regular operaciones inmobiliarias

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El diputado local Ricardo Taja presentó ante el Congreso del Estado la propuesta de iniciativa de ley para las operaciones inmobiliarias en el estado de Guerrero. En tribuna señaló que "en todo régimen de derecho, los actos realizados por la autoridad deben estar autorizados por la Ley, para que tengan validez; pero también los particulares deben ajustar sus actos a las determinaciones legales, para tener derecho a que se le otorguen las garantías mínimas. En estas condiciones todo acto, tanto de la autoridad como de particulares debe estar autorizado y protegido por la Ley para que tengan eficacia dentro de la sociedad".

El legislador local por el PRI, recalco en su intervención que "debido al crecimiento en la población, miles de familias requieren   rentar un inmueble o tener una propiedad para la construcción de sus viviendas, en su caso, invertir en algún inmueble, para garantizar y asegurar su patrimonio, lo que origina, celebrar diversos actos, ya sea en forma directa con el propietario o a través de un tercero (personas físicas o morales) dedicadas a realizar operaciones inmobiliarias."

Cabe destacar que en Guerrero, existen empresas prestadoras de servicios de consultoría o intermediación, sin embargo, no se cuenta con un ordenamiento jurídico que regule las relaciones y los procedimientos involucrados en este tipo de operaciones, siendo un factor tan importante y necesario para dar certidumbre jurídica a las mismas.  

Al carecer de un ordenamiento legal que regule estos actos, cualquier persona puede dedicarse a vender y/o comprar bienes inmuebles, algunas actuando de buena fe, sin embargo, no todas se conducen de esta forma, ya que se propicia que abusen de la necesidad de las personas, siendo objeto de engaños y fraudes.

Uno de los motivos principales que señaló el Diputado por el distrito local IX es  "que se regule la actividad de las personas que se dedican a realizar operaciones inmobiliarias en el Estado, para proteger su patrimonio, ofrecer certeza jurídica para todos los involucrados y para que aporte control y transparencia e información sobre el mercado inmobiliario, además de dotar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la facultad para otorgar la autorización a las personas físicas y morales que pretendan ejercer operaciones inmobiliarias en el Estado.