En prisiones mexicanas mil 219 migrantes centroamericanos, revela informe

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Foto: Google

El informe realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana precisa que la mayoría de los centroamericanos en prisiones federales aún no recibía sentencia.

De acuerdo con información proporcionada por las entidades federativas y la federación, de mayo a octubre de 2013 se tiene el registro mil 219 personas de origen centroamericano en prisión. De ellas, 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social y 247 en centros federales de readaptación social.

Lo anterior se desprende el informe realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana que precisa que la mayoría de las personas centroamericanas en prisiones estatales y federales son de origen guatemalteco y hondureño.

De las mil 207 personas centroamericanas de quienes se conoce su nacionalidad, 16.45 por ciento son de Guatemala y 34 por ciento son de Honduras; el 20 por ciento restante se divide de la siguiente forma: 13 por ciento vienen de El Salvador; 3 por ciento de Nicaragua; 3 por ciento de Belice y 1 por ciento de Panamá.

La mayoría de las personas centroamericanas que se encuentran en las prisiones del país son del sexo masculino; en los centros federales de readaptación social había un total de 230 hombres y 17 mujeres; mientras que en los centros estatales había 900 hombres y 57 mujeres.

En términos globales, de las mil 204 personas centroamericanas privadas de su libertad de las cuales se conoce el género, 94 por ciento eran hombres y 6 por ciento eran mujeres.

Había 247 personas centroamericanas en los centros federales de readaptación social, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gobernación el 8 de octubre de 2013 mediante el oficio SEGOB/OADPRS/CGCF/27831/2013.

De este total, 230 eran hombres y 17 eran mujeres, es decir, 93 por ciento y 7 por ciento, respectivamente. La mayoría de las personas centroamericanas en prisiones federales era de Guatemala y la primera minoría era de Honduras, seguida de El Salvador y Nicaragua, tal como se muestra a continuación. Los grupos menos recurrentes eran los de Belice, Costa Rica y Panamá.

El informe refiere que en el momento en que la información fue proporcionada, en octubre de 2013, la mayoría de los centroamericanos en prisiones federales aún no recibía sentencia; 141 hombres de un total de 230 estaban bajo el estatus de procesados, mientras que 89 estaban sentenciados.

Respecto a las mujeres centroamericanas, la situación era a la inversa, ya que 11 estaban sentenciadas y seis procesadas.

Destaca que no fue posible conocer la edad de las personas centroamericanas reportadas por las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, como tampoco los delitos que les fueron imputados. Ello en virtud de que el Comité de Información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social reservó la información solicitada mediante una resolución oficial.

Las entidades federativas que proporcionaron información total o parcialmente fueron Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Los estados que no proporcionaron información fueron Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, los últimos cuatro estados de gran afluencia de migrantes, por lo que consideraron lamentable que dichas entidades hayan rehusado proporcionar la información.

Sin embargo, es posible presumir razonablemente que el número de personas centroamericanas en prisión en esos estados, sobre todo en Oaxaca, Tabasco y Veracruz, no diste demasiado de lo informado por el resto de las entidades; pues son zonas cuya ubicación es clave en el mapa de tránsito de migrantes centroamericanos.

Del total de 972 personas centroamericanas recluidas en prisiones estatales fue posible en general conocer la información relativa a la nacionalidad, el sexo, la edad, los delitos imputados y la situación jurídica en 960 casos. En los 12 casos restantes no fue posible saber la nacionalidad y otros criterios, en virtud de que las entidades federativas —Morelos18 y Chiapas— omitieron esa información para dichos casos.

De esos 960 casos, 54.2 por ciento correspondió a personas centroamericanas privadas de su libertad en Chiapas. Mientras tanto, 45.8 por ciento de los casos restantes se repartieron en porcentajes menores en cada una de las entidades federativas que también proporcionaron información.

De esta manera la primera minoría la ocuparon las personas recluidas en Tamaulipas, cuya población centroamericana en prisión representó el 9 por ciento de la totalidad de las personas centroamericanas.

El único dato que proporcionó el estado de Morelos es que había siete personas de origen centroamericano en la entidad al momento de responder la solicitud el 29 de julio de 2013. Morelos declaró la información sobre nacionalidad, sexo, edad, delitos imputados y situación jurídica de la persona como clasificada en prisiones estatales registradas mediante este ejercicio de obtención de información.

Le siguieron el Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo, en los que la población centroamericana en prisión representó entre 4 y 4.3 por ciento de la totalidad de los casos registrados. El porcentaje restante se dividió entre las demás entidades federativas.

En cuanto a la edad de las personas centroamericanas en prisiones estatales, se trata de una población joven, lo cual también coincide con la población transmigrante. La mayoría se encuentra entre los 18 y los 30 años. En efecto, esta población suma el 67 por ciento de los casos, seguida de la población ubicada entre los 31 y los 35 años, que representa el 23 por ciento.

Cabe destacar que, según lo reportado por Chiapas y Colima, había tres niños centroamericanos, dos de 15 años y uno de 17 años en prisión. El primero contaba con sentencia definitiva por homicidio; el segundo estaba bajo proceso penal por delitos de carácter migratorio y el tercero, de 17 años, procesado por delitos contra la salud.

Los delitos más frecuentes que les fueron imputados a las personas centroamericanas en reclusorios estatales fueron, en este orden: robo, homicidio, delitos sexuales, o delitos contra la salud, en diversos grados y modalidades;
31 por ciento, 293 personas centroamericanas, fueron por lo menos acusadas de robo, es decir, casi un tercio de las personas centroamericanas que estaban en prisiones estatales, de acuerdo con la información proporcionada por los estados; 20 por ciento, 194 personas, estaban acusadas por lo menos de homicidio; 16 por ciento, 154 personas, estaban acusadas por lo menos de delitos sexuales; y 11 por ciento, 102 personas, de delitos contra la salud.

Entre la larga lista de delitos por los que estaban procesadas o sentenciadas las personas centroamericanas en prisiones estatales estuvieron también los relacionados con la portación, el acopio o la posesión de armas (sin licencia o de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea); los delitos contra la libertad personal; el delito de lesiones; delincuencia organizada; delitos de carácter migratorio; trata y lenocinio.


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