Tras el arresto de su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, acusado con otras ocho personas por desvío de recursos, el exgobernador del Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presentó su renuncia al PRD, en la que especifica que se pondrá a disposición de las autoridades.
"Me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute, como ha sucedido desde el primero día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la ciudad de Iguala", señala en el documento enviado al dirigente nacional del sol azteca, Carlos Navarrete.
No habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi país ni de mi estado... Lo único que exijo a las autoridades es justicia pareja y estricto apego a derecho
Hoy por la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México puso a disposición a nueve personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es de señalar que algunos de los consignados se desempeñaron como funcionarios del gobierno de Guerrero.
Seis de los detenidos, según anunció la PGR ayer, son Carlos Mateo Aguirre Rivero -hermano del exgobernador de Guerrero; Luis Ángel Aguirre Pérez, también familiar de Ángel Aguirre Rivero; Paulo Ignacio Hughes Acosta; Mauricio Francisco Hughes Acosta; Alejandro Carlos Hughes Acosta, y Jorge Eduardo Hughes Acosta.
La autoridad judicial no dio a conocer los nombres de los tres nuevos detenidos, quienes también son acusado por desvío de recursos públicos federales y estatales por un monto de 287 millones 12 mil 294 pesos.
Fuente: El Financiero
En respuesta a la solicitud del IFAI, de dar a conocer el documento que da cuenta de la instrucción del Ejecutivo federal para la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y el fundamento legal de dicha acción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que lo anterior se llevó a cabo de forma presencial, y que no hay un documento que lo haga constar.
En un comunicado, la SCT señaló que el pasado 6 de marzo, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia, estando de acuerdo con el presidente de la República, propuso dejar sin efecto el fallo de la licitación, "en ejercicio de las facultades que la ley de la materia otorga".
"El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó su conformidad con la propuesta (dejar sin efecto el fallo de la licitación) del Secretario del Ramo", dijo la SCT.
"En virtud de que lo anterior se llevó a cabo en forma presencial, no existe documento en el que se haya hecho constar lo anteriormente referido", añadió.
Ayer lunes, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Presidencia de la República deberá buscar y dar a conocer el documento que da cuenta de la instrucción del Ejecutivo federal para la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, y el fundamento legal de dicha acción.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos expuso que, al realizar una búsqueda pública de información, se localizó un boletín emitido por la SCT, que señala que el Presidente de la República tomó la decisión de dejar sin efecto el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y que, adicionalmente, instruyó al titular de la secretaría reponer la convocatoria.
Fuente: El Financiero
Difícilmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) podría entregar las autorizaciones correspondientes para el proyecto Dragon Mart, sostuvo Guillermo Haro, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Parece irremontable superar los obstáculos ambientales y legales que hay sobre el predio”, ya que se trata de un ecosistema costero y un terreno forestal donde se deforestaron 150 hectáreas, precisó.
Ante los planteamientos de los promotores del proyecto Dragon Mart de que pese a la clausura podrán continuar con el proyecto, el funcionario, entrevistado tras la presentación de la remediación del río Sonora, dijo que la Profepa clausuró terrenos utilizados indebidamente por no contar con permisos en materia federal.
Fuente: La Jornada
Pese a la cobertura petrolera, la caída en el precio del crudo ya ocasionó en enero un faltante en los ingresos por exportación de unos 15 mil 800 millones de pesos.
Esto, con base en un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 39.3 dólares por barril para el presente mes, que contrasta con los 79 dólares por barril estimados en la Ley de Ingresos de 2015.
Ante este escenario, el gobierno federal habría tomado la decisión de hacer un recorte al gasto público programable para este año.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, esta decisión se derivó de la caída de los precios del crudo y del hecho de que las coberturas adquiridas se hacen efectivas hasta el último trimestre, lo que deja descubiertos los flujos en la primera parte del año. El gasto programable aprobado por los legisladores para 2015 fue de 3 billones 669 mil 800 millones de pesos.
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el descenso en la cotización del crudo genera boquetes mensuales en las finanzas públicas por unos 10 mil millones de pesos, situación que podría agravarse si continúa a la baja el precio.
En entrevista, Luis Foncerrada Pascal, director del organismo, señalo que es conveniente que los recortes al gasto público se empiecen a dar desde ahora, porque gran parte de los ingresos provenientes de la cobertura no se materializarán durante el año, sino a finales de 2015 o principios de 2016.
Consideró que lo más conveniente sería que los recortes al presupuesto se den en programas que no afecten a la población.
“Creemos que este es un buen momento para llevar a cabo una reingeniería de gasto y también debería darse en las próximas semanas el recorte de éste, porque es cuando tiene más efecto en todo el año, ya que si no se lleva a cabo vamos incurrir en un déficit temporal alto”, dijo.
DISMINUIRÁ GASTO CORRIENTE
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que el ajuste anual en el presupuesto podría ascender a 90 mil millones de pesos.
Esto, contemplando factores como la baja en los precios del petróleo, la actividad económica y la Recaudación Federal Participable, explicó Héctor Villarreal, director general del CIEP.
Para el especialista, podría verse un recorte importante de personal contratado por honorarios y personal de apoyo. Descartó consecuencias graves en el gasto en inversión, ya que si se destinan menos recursos a este rubro en el mediano plazo se pueden generar problemas de competitividad, y a la larga un problema estructural en la economía.
Cálculos de Grupo Financiero BX+ señalan que por cada dólar a la baja en el precio del petróleo se dejan de percibir 2 mil 400 millones de pesos. Actualmente, el precio se encuentra por debajo de los 40 dólares, precio inferior a los 79 aprobados en la Ley de Ingresos de 2015, lo que resulta en un impacto en los ingresos de 96 mil millones de pesos.
Isaac Velasco, analista del grupo financiero, consideró que se aplicarían reducciones en gasto administrativo, operativo, de personal, comunicación social y en subsidios. En menor grado, en bienes inmuebles y obra pública.
Héctor Rubio, especialista en gestión pública y coordinador de Programas en Gestión Social AC (Gesoc AC), coincidió en que lo más factible es que la reducción sea en el gasto corriente.
Los especialistas consideraron que lo ideal sería ir por gastos como comunicación social, viáticos y gastos de representación. También personal para funcionarios de alto nivel, así como seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público.
Fuente: El Financiero
De acuerdo con la convocatoria que emitió el PRI para la designación de su candidato a gobernador, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, están legalmente impedidos para ser postulados al cargo por ese instituto político.
La convocatoria establece diversos “candados” que los aspirantes deben cumplir para su registro y postulación por la gubernatura cuyos comicios están programados para el 7 de junio de este año, entre ellos comprobar una determinada cantidad de años como militante priista.
En la lucha por la candidatura del PRI a gobernador se encuentran cuatro aspirantes; Cuauhtémoc Salgado Romero, líder estatal del partido en Guerrero; los diputados Héctor Astudillo Flores y Manuel Añorve Baños, así como el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos.
Los cuatro aspirantes han realizado en el PRI su carrera política desde sus inicios, ocupando diversos cargos en órganos de dirección y en diversos cargos públicos de elección directa.
Pero en la sexta disposición de las bases previstas en la convocatoria se anexan los requisitos que los aspirantes priistas a la candidatura a gobernador deberán “acompañar a la solicitud de registro”, y entre ellas, deberán acreditar su militancia priista.
En la cuarta clausula se establece que deberán presentar “un documento con el que (el aspirante) acredite su militancia partidista de al menos diez años” en el Partido Revolucionario Institucional. Deberán acreditar “su calidad de cuadro en actividades partidarias”.
Pero también que “no ha sido dirigente, candidato ni militante destacado de partidos o asociación política, antagónicos, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), salvo que acredite, que existe declaratoria de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en la que conste que están a salvo sus derechos como militante del partido”, se anexa.
Ambas disposiciones impiden la postulación legal de Ríos Piter y Saldaña Almazán como probables candidatos externos del PRI al cargo de gobernador como se ventiló este lunes en diversos medios de comunicación, según información del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
De acuerdo con fuentes consultadas del PRI, en caso de que uno de los dos personajes sea designado por la dirigencia nacional como su candidato a gobernador podrá ser impugnado e invalidado su registro, al violarse la citada convocatoria.
El senador Armando Ríos Piter se ha desempeñado durante la última década como militante activo del PRD. A partir del 2005 se desempeñó como secretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal durante la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En 2009 fue postulad por el PRD a diputado federal por el distrito 03 de la región Costa Grande, y en 2012 ganó la elección al Senado de la República bajo las siglas del PRD cuya fórmula encabezó con su homólogo perredista Sofío Socorro Ramírez Hernández.
Mientras que el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, se ha desempeñado profesionalmente en la administración central de la máxima casa de estudios y al margen de la militancia partidista.
(www.agenciairza.com)
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AT&T comprará al negocio inalámbrico de NII Holdings en México, Nextel, por 1,875 millones de dólares, menos cualquier deuda de la filial a la hora de cerrar la transacción.
Bajo los términos del acuerdo, AT&T adquirirá las empresas que operan bajo la marca Nextel México, las cuales manejan todas las propiedades móviles de NII en México, incluyendo licencias de espectro, activos de la red, tiendas minoristas y los contratos de aproximadamente 3 millones de suscriptores, informó la estadounidense este lunes en un comunicado.
NII Holdings, matriz de los operadores de Nextel en Latinoamérica, pidió protección por bancarrota en Estados Unidos en septiembre tras sufrir dificultades con deudas por 5,800 millones de dólares, junto con una fuerte competencia en Brasil y México.
Por ello, la transacción está sujeta a una subasta por bancarrota y aprobaciones por parte de la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, precisó AT&T.
La compañía estadounidense prevé que la transacción cierre en los primeros seis meses de 2015.
La expansión
AT&T planea combinar Nextel México con Iusacell, que fue adquirida por la compañía en noviembre por 1,700 millones de dólares.
Mientras que Nextel México tiene unos 3 millones de suscriptores, Iusacell, el tercer mayor operador inalámbrico de México, posee más de 8 millones de suscriptores.
“La adquisición de Nextel México apoyará los planes de AT&T por generar mayor competencia y velocidades de Internet móvil más rápidas en el mercado de telefonía móvil de México”, indicó la firma estadounidense.
AT&T dijo que quiere crear la primer área de servicio móvil en América del Norte que cubrirá a más de 400 millones de consumidores y negocios, tanto en México como en Estados Unidos, y que los clientes de Nextel México también serán incluidos en la red.
“Las sinergias al combinar Nextel México con Iusacell permitirán a AT&T mejorar y expandir sus servicios de Internet móvil más rápidamente de lo que se podría hacer sin la compra – en beneficio de millones de mexicanos, particularmente aquellos que viven fuera de áreas metropolitanas”, apuntó.
El mercado de telecomunicaciones de México está casi dividido entre América Móvil, de Carlos Slim, con 70% del mercado, y Telefónica, con casi 20%.
Algunos de los activos de América Móvil están a la venta y AT&T había sido señalado como comprador, pero la empresa estadounidense de telecomunicaciones había minimizado cualquier interés.
Sin afectaciones a usuarios: Nextel
Nextel México informó que el acuerdo no afectará las operaciones, la calidad o la confiabilidad de los servicios que la empresa proporciona a sus clientes en territorio nacional.
“Nextel de México garantiza la atención a sus usuarios y la oferta de sus servicios y productos de alta calidad, independientemente de los procesos que el acuerdo presupone y de las aprobaciones a las que se encuentra sujeto por parte de autoridades tanto de Estados Unidos como de México, como lo han informado ambas empresas”, indicó en un comunicado.
Fuente: CNN Expansión
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció este jueves la salida de Alfredo Castillo de Michoacán, donde fungía como comisionado federal.
Osorio Chong indicó que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado la decisión de que Castillo concluya su encomienda, “para incorporarse a nuevas responsabilidades en el gobierno de la República”.
A partir del día de hoy, el gobierno federal designó a un mando especial para Michoacán. Será el general Felipe Gurrola Ramírez, quien coordinará todas las actividades de seguridad en el estado.
“Hoy este gran estado es más fuerte de lo que era hace un año”, aseguró el funcionario, pues Castillo fue designado como comisionado en enero de 2014.
“Hoy podemos decir que la situación que se vive en Michoacán es diferente… no quiere decir que todo esté resuelto”, agregó el secretario.
Sobre su salida, Castillo dijo que “la historia nos juzgará en su debido momento”.
En su discurso de este jueves, Castillo sostuvo que la infiltración del crimen organizado en Michoacán llegó a las más “altas esferas”.
En el año que duró como comisionado federal, orquestó las detenciones de los fundadores de las autodefensas, José Manuel Mireles, e Hipólito Mora. Además, en el mismo periodo, se difundieron múltiples videos de Servando Gómez, La Tuta, con personajes de la política en el estado, incluso con el hijo del gobernador Fausto Vallejo, quien está preso. Por cierto, en junio de 2014 -también en el periodo de acción de Castillo-, el gobernador Vallejo anunció su “retiro” del gobierno. Antes de la salida de Fausto, en abril 2014, fue detenido también su secretario de Gobierno y gobernador interino, Jesús Reyna, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Pese a la presencia de Castillo, como lo documentó este medio en diciembre pasado, ni las cifras oficiales mostraron una reducción de la violencia en la entidad, si se comparaba el 2014 con 2013.
En una comparación de delitos cometidos de febrero a octubre 2013, y el mismo periodo pero de 2014, no se ve una reducción significativa, sino todo lo contrario, en algunos casos ha aumentado.
Aquí las cifras:
De febrero a octubre 2013 se denunciaron:
-663 asesinatos
-12 mil 674 robos
*69 robos en carreteras
*38 robos a bancos
-191 extorsiones
-134 secuestros
Mientras que de febrero a octubre 2014 se denunciaron:
-732 asesinatos
-348 con arma de fuego
-13 mil 288 robos
*31 robos en carreteras
*46 robos a bancos
-209 extorsiones
-82 secuestros.
Entre los hechos violentos más recientes, durante el periodo de Castillo, se encuentran los ocurridos en La Ruana y Apatzingán. En el primero de los casos, fue un enfrentamiento el 16 de diciembre, entre miembros de la Fuerza Rural -cuerpo policiaco que organizó Castillo-, el cual dejó 11 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora.
Un segundo evento violento ocurrió el 6 de enero -Día de Reyes- en Apatzingán; ese día murieron 9 personas.
En su discurso de este jueves, Castillo no pudo no mencionar a Servando Gómez, La Tuta, quien continúa prófugo de la justicia.
Apuntaló que, “como nunca antes, se atacaron sus fuentes de financiamiento”.
Y aseveró que La Tuta “existe, pero ya no da la cara… ya no ordena ni incide en la vida pública. Vive sólo para esconderse“.
Fuente: Aristegui Noticias
La Federación asumió el control de la seguridad en 13
municipios de Guerrero y el Estado de México, debido a que el crimen organizado
impuso a los jefes de la policía y dictaba los operativos que se tenían que
llevar a cabo, advirtió Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación
Criminal de la PGR.
El funcionario de la Procuraduría General de la República
(PGR) expuso ante senadores que en las alcaldías intervenidas por la Federación
se corroboró la participación con el crimen organizado por parte de
funcionarios locales, además de policías y jefes de seguridad; no obstante, la
investigación en su contra ha sido lenta, toda vez que no se quiere caer en el
error de consignar a “presuntos culpables”, como sucedió en administraciones
pasadas.
“Las investigaciones criminales se están llevando un tiempo,
las están haciendo no sólo la Procuraduría sino todos los órdenes de gobierno
que se encargan de la seguridad. Esta investigación no ha sido inmediata, nos
está llevando tiempo encontrar los elementos para que los jueces liberen las
órdenes de aprehensión, para que los jueces nos den los autos de formal
prisión”, expuso en el Senado de la República, al participar en las audiencias
públicas sobre la iniciativa presidencial en materia de seguridad.
Al contestar a las preguntas de los senadores Armando Ríos Piter
y Alejandro Encinas, el funcionario federal expresó que se han girado un número
importante de órdenes de aprehensión para secretarios de Seguridad Pública,
policías y otros ex funcionarios, pues no sólo hay indicios sino elementos
jurídicos que los inculpan y que están basados en extorsiones, cobros de piso,
secuestros y algunos homicidios.
Cabe recordar que aparte de Iguala y Cocula, los 13
municipios intervenidos por las fuerzas armadas recientemente son Apaxtla,
Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri,
Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de
Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en
el Estado de México.
Por otro lado, expresó que en el caso de Iguala por la
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
se tiene identificada la participación de diversos funcionarios.
“Sobre todos ellos hemos girado una cantidad impresionante
de localizaciones, con el hecho de poder esclarecer totalmente este evento y
con la finalidad de que puedan aportar los elementos necesarios para tener el
panorama completo, el panorama total y evitar lo que ha pasado en anteriores
gobiernos, que podamos tener un presunto culpable. Aquí, de toda la gente que
hoy tenemos consignada está plenamente acreditada su participación en todos
esos eventos”, aclaró.
Además, dijo que si antes de las elecciones de junio próximo
no se aprueba la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por
el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador interino de Guerrero va a tener
que prestar especial atención a los comicios, porque va a llegar un momento en
que las fuerzas federales van a retirarse.
MazzitellI apoya intervención federal
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, apoyó la intervención de la
Federación en los municipios de México infiltrados por el crimen organizado,
siempre y cuando la medida sea preventiva, respalde la corresponsabilidad entre
los niveles de gobierno, responda a criterios de urgencia y sea temporal.
Durante el segundo día de audiencias públicas en el Senado
para analizar la iniciativa presidencial en materia de seguridad, Mazzitelli
advirtió que la propuesta presidencial no debe ser considerada la “panacea de
plata” de los problemas que se viven en México.
Alertó de la preocupación que se tiene por la infiltración
progresiva y silenciosa del crimen en el ámbito local, lo que genera, dijo, dos
tipologías de costos. El primero es relativo a los costos directos pagados por
los ciudadanos por los servicios de mala calidad que ofrece el municipio y el
segundo tiene que ver con los costos indirectos en términos de libertades
políticas y falta de credibilidad en las instituciones.
“Seguramente, la posibilidad de intervenir de manera
preventiva a nivel de la junta puede acrecentar un instrumento eficiente,
eficaz y sobre todo garantista que pueda romper el círculo vicioso de
complicidad y corrupción que progresivamente acaba el Estado de Derecho a nivel
del territorio”, expresó ante los integrantes de las comisiones de Puntos
Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda.
Los senadores también escucharon la experiencia del fiscal
italiano Giovanni Tartaglia, toda vez que la iniciativa de Peña se basa en la
experiencia italiana. El fiscal afirmó que una parte de la lucha contra la
mafia en su país se logró gracias a la intervención del gobierno central en las
localidades en las que operaban los criminales.
Advirtió que el tema es delicado porque la reforma puede
verse como un instrumento de castigo a los municipios pero opinó que esto es
solamente un mecanismo de prevención.
“No es una legislación que castiga; es la administración
local, porque los casos más numerosos no son aquellos de los administradores
locales coludidos con las organizaciones locales. Los casos más números son los
de los administradores locales que sufren el condicionamiento, por su
debilidad, por parte de las organizaciones criminales. Esto lleva a la
necesidad de dar una respuesta”, enfatizó.
Por su parte, David Arellano, titular de la Unidad General
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que hay
estudios que delatan que casi tres cuartas partes de los municipios en México
podrían ser vulnerables de infiltración de la delincuencia organizada.
La propuesta presidencial, dijo, se trata de una medida de
carácter excepcional y de mecanismo restringido, que de forma paralela va con
la investigación penal de las autoridades locales cooptadas por el crimen.
Para Juan Marcos Gutiérrez, ex funcionario de la Segob, la
propuesta de Peña Nieto “inicia una marcha preocupante hacia otro tramo de
centralismo en la vida de nuestro país”.
Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de
la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que muchos policías locales
se enlistaron porque no encontraron “un trabajo más digno” como chofer y alertó
que hoy en día la penetración de la delincuencia en las alcaldías es cada vez
mayor.
Este jueves concluirán las audiencias públicas con el tema
de distribución de competencias penales. Se espera la participación del
gobernador de Chihuahua, César Duarte; de la subprocuradora Jurídica y de
Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, y del consejero jurídico
del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos.
Fuente: El Economista
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